El Título 42 y «Permanecer en México» todavía se usan para deportar a las personas que buscan protección.
El Título 42 es una orden de salud pública invocada originalmente por la administración Trump, utilizando la pandemia de COVID-19 como pretexto para cerrar efectivamente la frontera a solicitantes de asilo. Desde que se introdujo la política en marzo de 2020, se ha usado para autorizar más de 1,45 millones de expulsiones de EE. UU., cerca de un millón de ellas entre febrero y diciembre de 2021 bajo la supervisión de la administración Biden.
Un año después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomara posesión de su cargo con la promesa de construir un sistema migratorio justo, seguro y humano, su administración, en cambio, ha continuado o ampliado algunas de las políticas más perjudiciales de la era Trump que impiden a las personas buscar asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
El gobierno de Biden ha realizado cerca de un millón de expulsiones bajo el Título 42 durante el año pasado, incluyendo a decenas de miles de personas vulnerables rechazadas sin el debido proceso. Tras el restablecimiento de los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) en diciembre, la administración Biden comenzó a enviar a las personas solicitantes de asilo a zonas peligrosas de México para que esperen sus audiencias de asilo.
Este incumplimiento del presidente Biden con sus compromisos pone en riesgo las vidas y la salud de las personas.
“El presidente Biden ha incumplido sus promesas de gestionar la migración de una manera que trate a las personas de manera justa y humana”, asevera Avril Benoît directora ejecutiva de MSF Estados Unidos. “Todos los días, nuestros equipos en México ven a más personas sufriendo como resultado de estas promesas incumplidas. Seguimos atestiguando las amenazas que enfrentan las personas migrantes y solicitantes de asilo en México, su constante exposición a la violencia y el trauma, y la falta de acceso a refugio y servicios básicos”.
Más de 2.000 personas deportadas de EE.UU. viven en carpas en la Plaza de la República en Reynosa, México. © MSF/Esteban Montaño
Las personas que buscan asilo son enviadas de regreso a México o a sus países de origen para enfrentarse de nuevo a los mismos peligros de los que huyeron. Nuestra organización y numerosos expertos médicos han señalado en repetidas ocasiones que no existe una justificación legítima de salud pública para rechazar a las personas vulnerables y enviarlas de vuelta al peligro.
«La administración de Biden ha expulsado a unas 16.000 personas haitianas en virtud del Título 42, ignorando el hecho de que su país de origen experimenta una agitación política masiva y una de las peores situaciones de violencia en décadas», dijo Benoît.
Aunque un tribunal federal ordenó restablecer el MPP el año pasado, la administración Biden ha optado por ampliar la política más allá de su alcance original y aplicarla a solicitantes de asilo de cualquier país del hemisferio occidental, incluido Haití.
“El presidente Biden tenía toda la razón cuando dijo que ‘Permanecer en México’ es peligroso e inhumano y debe terminar”, dice Benoît. “Es indignante que la administración haya ampliado el alcance de esta cruel política”.
En varias ciudades a lo largo de la frontera norte de México, nuestros equipos ofrecen atención médica, apoyo psicosocial, agua potable y servicios básicos a las personas atrapadas en condiciones miserables.
En 2021, realizamos más de 29.000 consultas médicas, de salud mental y de trabajo social para personas desplazadas en México. En más de 6.000 consultas de salud mental, nuestros equipos trabajaron con personas que sufrían ansiedad generalizada, depresión, ansiedad aguda y trastorno de estrés postraumático por la violencia sufrida en sus países de origen y a lo largo de la ruta migratoria.
“La gente continúa languideciendo en campamentos improvisados en espera de sus audiencias de inmigración o sin un camino claro por seguir”, afirma Rodd Gerstenhaber, jefe de misión de MSF para México, Honduras y Guatemala. “Muchos de nuestras y nuestros pacientes nos dicen que desafiaron este traicionero viaje solo porque temían por sus vidas en su país de origen. Para ellos y ellas, volver no es una opción”.
En 2021, en la Ciudad de México, donde gestionamos un centro para víctimas de violencia extrema y tortura que ofrece atención médica, de salud mental y servicios sociales de apoyo; cerca del 60% de las 1.638 consultas médicas realizadas fueron para pacientes mujeres. Además, cerca de 800 de las 1.019 personas derivadas por nuestros equipos a los servicios sociales locales eran migrantes de Haití.
“Estas políticas están envueltas en un lenguaje que habla de proteger la salud pública y a los migrantes, pero en realidad ponen a las personas en mayor peligro”, sostiene Gemma Domínguez, coordinadora general en México. “Todos los días nuestros equipos en México ven las consecuencias humanas de estas inaceptables políticas de disuasión”.
Reiteramos el llamado a la administración de Biden para que cumpla sus promesas de construir un sistema de inmigración y asilo humano que proteja las vidas y la salud de las personas obligadas a abandonar sus hogares. No hay excusa para seguir haciendo mal uso de la orden del Título 42 para rechazar a las y los solicitantes de asilo y bloquear su derecho a buscar protección; esta administración debe rescindir esta orden de inmediato.
Las y los funcionarios de la administración han reconocido públicamente el terrible costo del MPP, afirmando que la política impuso “costos humanos sustanciales e injustificables a las personas que estuvieron expuestas a daños mientras esperaban en México”. Dada esta sombría realidad, la administración Biden ahora debe hacer todo lo que esté a su alcance para poner fin a esta política.
“El MPP y el Título 42 son políticas fundamentalmente xenófobas que fueron diseñadas para infligir sufrimiento a las personas que buscan asilo en los Estados Unidos y disuadir a otros incluso de intentar obtener protección aquí”, afirma Benoît. “La administración Biden tiene el poder de poner fin a gran parte de este sufrimiento, pero ha optado por no hacerlo. Pedimos a la administración Biden que respete que buscar seguridad no es un delito y comience con urgencia el trabajo de crear el sistema de asilo humano que prometió”.
