La reciente noticia sobre la detención del tenista Novak Djokovic en el Park Hotel, reconvertido en un centro de detención de inmigrantes en Melbourne, Australia, puso en el foco internacional la preocupante situación de los refugiados en ese país.
Jennifer Tierney, directora ejecutiva de MSF Australia, publicó el pasado 11 de enero: “Todos los australianos deberían expresar su oposición a la detención indefinida de inmigrantes, porque mientras #Djokovic puede ahora ser liberado, miles de otras personas no han llegado al #gameover”.
Mientras Djokovic se encuentra ahora de regreso a su país tras permanecer once días en Melbourne (seis de ellos dentro de una habitación del Park Hotel), existe una realidad silenciada de personas migrantes que carecen de privilegios y llevan años encerradas, tanto en centros de detención en el territorio continental como en islas remotas del Pacífico, aguardando por tiempo indefinido el procesamiento de sus pedidos de asilo.
La política inmigratoria australiana
Desde julio de 2013, el gobierno australiano estableció que todas las personas solicitantes de asilo que lleguen a ese país a través del mar deben tramitar sus solicitudes fuera de Australia. Por ende, no pueden reasentarse permanentemente en el país, pese a que la solicitud de asilo, ya sea a través de desplazamiento en bote u otro medio de transporte, es legal tanto en el derecho internacional como en el australiano.
Desde ese entonces, miles de refugiados y solicitantes de asilo que arribaron a Australia en bote han sido detenidos y derivados a centros de procesamiento offshore en los países de Papúa Nueva Guinea y Nauru.
Allí, deben enfrentarse a años de detención sin la menor certeza sobre su futuro, con total falta de control sobre aspectos básicos de sus vidas y en condiciones notoriamente precarias, lo que acarrea devastadoras consecuencias en su salud mental.
Algunos solicitantes de asilo han sido transferidos a territorio australiano, principalmente por motivos de salud, pero permanecen en hoteles o centros de detención comunitaria.
El trauma psicológico
MSF comenzó a brindar atención médica psicológica y psiquiátrica en Nauru en noviembre de 2017, tras un acuerdo con el Ministerio de Salud local. Si bien el 73% de los pacientes eran refugiados o solicitantes de asilo, el apoyo de salud mental estaba disponible para todos los habitantes de ese país.
Sin embargo, el 5 de octubre de 2018, el Gobierno de Nauru informó a MSF que sus servicios «ya no eran necesarios» y que debía suspender las actividades en 24 horas.
Más allá de este lamentable hecho, publicamos ese mismo mes un informe en el que detallamos las terribles consecuencias generadas por la detención indefinida en la salud mental de refugiados y solicitantes de asilo.
Nuestras cifras mostraron que el sufrimiento en términos de salud mental en Nauru era uno de los más graves que MSF ha visto, incluso en proyectos donde la organización brinda atención a las víctimas de tortura.
Cuando nuestro equipo llegó a la isla, las personas no habían recibido tratamiento durante al menos 10 meses. Algunos habían recaído en episodios psicóticos, y como resultado experimentaron niveles significativos de abuso y abandono. Entre los 208 refugiados y solicitantes de asilo tratados por MSF en Nauru, el 60 por ciento de ellos tenía pensamientos suicidas y el 30 por ciento había intentado suicidarse. Se encontró que niños con nueve años de edad tenían pensamientos suicidas, habían cometido actos de autolesión o intentaron suicidarse; y que 12 pacientes fueron diagnosticados con síndrome de resignación, una condición psiquiátrica en la que los pacientes entran en estado de coma y requieren atención médica para mantenerlos con vida.
Estas cifras alarmantes reafirman que la evacuación de todos los refugiados y solicitantes de asilo, tanto en Nauru como en los centros de detención dentro de Australia, debe ser urgente. La forma más segura de prevenir un daño mayor a la salud mental de estas personas es permitir su reubicación en un entorno de certidumbre y oportunidades, con acceso a atención integral y de calidad en salud mental.
De acuerdo con el derecho internacional, los refugiados y solicitantes de asilo tienen derecho a moverse entre fronteras para acceder a protección, alimentos, vivienda y atención médica. Actualmente, hay 68,5 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, más que en cualquier otro momento en la historia moderna. Son personas que han huido de peligros extremos, tanto para escapar de los bombardeos, la guerra civil, la violencia y otras circunstancias que amenazan la vida. Quienes han sido desarraigados de sus hogares a menudo enfrentan dificultades en sus viajes para buscar seguridad, incluyendo la falta de acceso a necesidades esenciales como agua potable, alimentos, refugio, seguridad personal y atención médica.
Reiteramos, entonces, nuestro pedido de finalizar estas políticas inhumanas y alojar a los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en territorios seguros en los que puedan reconstruir sus vidas.
