Ginebra, 10 de junio de 2021
Los líderes del G7 se reúnen para debatir la respuesta a la pandemia con el telón de fondo de más de 3,7 millones de muertes por coronavirus y la alarmante y creciente desigualdad en el acceso a las herramientas médicas de COVID-19. Estos líderes no han tomado medidas para garantizar que el escaso suministro de herramientas médicas de COVID-19 se comparta equitativamente sobre la base de los criterios de salud pública señalados por la Organización Mundial de la Salud, sino que pretenden alcanzar la inmunidad de grupo para sus propias poblaciones antes de que incluso las personas más vulnerables se vacunen en los países de ingresos bajos y medios.
En los últimos meses, el personal sanitario, incluido el de Médicos Sin Fronteras (MSF), ha tenido que hacer lo imposible por prestar asistencia durante las múltiples oleadas de la pandemia en países como Brasil, Perú e India. Con sus sistemas sanitarios al borde del colapso debido a las nuevas olas, ha sido muy difícil proporcionar cualquier terapia de apoyo a los pacientes gravemente enfermos de COVID-19 en los hospitales, ya que los concentradores de oxígeno, los ventiladores y los medicamentos siguen siendo escasos. Dado que siguen apareciendo variantes del virus nuevas y más transmisibles que afectan a muchos países, los gobiernos del G7 deben tomar medidas urgentes para garantizar que todas las herramientas médicas del COVID-19 sean accesibles y asequibles para todos.
Un estudio reciente muestra que de los 1.770 millones de dosis de vacunas COVID-19 administradas en todo el mundo, el 28% han sido en los propios países del G7, mientras que, por el contrario, solo el 0,3% se han administrado en países de bajos ingresos. Esto a pesar de que los países del G7 tienen en conjunto aproximadamente la misma población total que todos los países de bajos ingresos juntos. Dicho de otra forma, por cada persona vacunada en un país de bajos ingresos, 100 personas han sido vacunadas en los países del G7.
Los estados del G7 deben tomar medidas inmediatas para asignar dosis de vacunas COVID-19 al mecanismo COVAX. Esto debe hacerse de dos maneras: en primer lugar, los países del G7 deben abstenerse de recurrir al suministro de COVAX por sí mismos, y en segundo lugar, los países del G7 que han vacunado a más del 20% de su población deben asignar inmediatamente sus dosis restantes a COVAX.
Ha habido una financiación pública sin precedentes para la investigación y el desarrollo (I+D) de COVID-19, la fabricación y la compra anticipada de vacunas y tratamientos: un análisis concluye que los Gobiernos han gastado más de 92.000 millones de euros, con promesas adicionales en curso. Sin embargo, hay muy poca transparencia y responsabilidad en cuanto al uso de estos fondos. Las empresas farmacéuticas siguen controlando en gran medida cuestiones críticas como dónde debe producirse, quién obtiene los productos y a qué precios. En la actualidad, los acuerdos bilaterales de licencia y transferencia de tecnología que firman las empresas carecen de una supervisión y regulación públicas adecuadas y son confidenciales y restrictivos.
Los mecanismos mundiales que se han creado para aumentar el acceso equitativo a los productos médicos de COVID-19, como el Acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 (Acelerador ACT), que comprende el Mecanismo COVAX, no han logrado, hasta ahora, garantizar que la transparencia sea un principio fundamental y un elemento de su funcionamiento, responsabilidad y gobernanza. Información fundamental, como los precios, la capacidad de fabricación, el calendario de entrega y los acuerdos con las empresas farmacéuticas, no se hace pública, lo que dificulta el análisis político del impacto real del Acelerador ACT y de COVAX en la consecución de un acceso equitativo.
Los gobiernos y las instituciones sanitarias mundiales, como las que participan en el Acelerador ACT, deben poner condiciones a toda la financiación, exigiendo la plena divulgación de los costes de I+D y fabricación, los precios, la propiedad intelectual, los acuerdos de licencia y los datos de los ensayos clínicos. Todos los acuerdos y contratos con la industria también deben hacerse públicos en su totalidad. Cualquier financiación de I+D debe estar condicionada a la devolución de la propiedad legal de la tecnología al gobierno implicado, y a compartir los conocimientos técnicos, las tecnologías y la propiedad intelectual sobre una base no exclusiva con cobertura mundial.
A medida que los países han empezado a adquirir vacunas, los acuerdos con los fabricantes incluyen cláusulas especiales sobre responsabilidad e indemnización. En condiciones normales, los fabricantes aceptan toda la responsabilidad por las vacunas y los productos médicos que producen y están asegurados contra cualquier posible pérdida. Sin embargo, en esta pandemia, las corporaciones farmacéuticas han trasladado la responsabilidad en caso de que haya reclamaciones por eventos adversos graves a los países, haciendo responsables a los gobiernos. Aunque existe un mecanismo de indemnización para algunos países de ingresos bajos y medios que reciben vacunas de COVAX, estas medidas no son necesariamente aplicables a muchos otros países autofinanciados. Además, esta carga se está extendiendo a las organizaciones humanitarias que tratan de vacunar a poblaciones vulnerables como personas refugiadas, desplazadas, poblaciones en zonas no controladas por el gobierno, etc. Para las organizaciones que trabajan en primera línea, se trata de un precedente peligroso y se corre el riesgo de erosionar la confianza de las comunidades, confianza que es fundamental para garantizar el acceso y la prestación de servicios sanitarios a las poblaciones vulnerables.
Declaración del Dr. Christos Christou, presidente Internacional de MSF:
«La transmisión generalizada y continua del virus en regiones con escaso acceso a tratamientos, vacunas, pruebas y equipos de protección se traduce en que el COVID-19 sigue cobrándose miles de vidas cada día y que las variantes víricas se desarrollan con mayor facilidad, llevando al borde del colapso a los sistemas de salud de muchos países en los que trabaja MSF. Son precisamente las acciones de los Gobiernos del G7, entre otros, las que han conducido a las graves desigualdades globales que vemos ahora en el acceso a las herramientas médicas del COVID-19, a pesar de que varios de estos líderes declararon desde el principio que dichas herramientas deberían ser tratadas como ‘bienes públicos globales’.
Mientras que varios países del G7 están en camino de volver a la normalidad, habiendo seguido estrategias de inmunidad de grupo antes de compartir dosis con otros estados, la mayoría de los países de ingresos bajos y medios se han quedado con las manos vacías mientras se enfrentan a nuevas olas letales de la enfermedad. Los países del G7, que han pedido muchas más vacunas de las que necesitan, deberían compartir inmediatamente todas las dosis posibles con las naciones de ingresos bajos y medios. Cada día que pasa es otra oportunidad perdida para proteger a millones de personas en todo el mundo de esta enfermedad mortal.
Al trasladar los fabricantes de vacunas su responsabilidad legal a los países en caso de que se produzcan efectos adversos graves, los gobiernos y las organizaciones humanitarias se han visto en una situación precaria por esta inaceptable transferencia de riesgos. La carga de dicha responsabilidad no debe recaer sobre las organizaciones que están dispuestas a vacunar y no debe convertirse en un obstáculo para las personas que las necesitan.
Dado que la vacunación se ha iniciado en todo el mundo, aunque se concentra en los países desarrollados, existe, sin embargo, una gran cantidad de datos que deberían utilizarse para revisar la cuestión de la responsabilidad y la indemnización. No se trata de una simple transacción comercial, sino de salvar vidas y preservar la salud. Es hora de que los fabricantes vuelvan a responsabilizarse de sus propios productos, y de que los gobiernos, incluido los que conforman el G7, ejerzan su autoridad para que esto sea una realidad.
Durante la pandemia, hemos visto repetidamente cómo el control de la producción y el suministro mundial de herramientas médicas vitales, basado en la propiedad intelectual y la titularidad de la tecnología por parte de un puñado de corporaciones farmacéuticas multinacionales, ha creado múltiples obstáculos para que los países se aseguren un acceso fiable. Los líderes del G7 no han mostrado hasta ahora ninguna voluntad de romper con el statu quo y ejercer influencia sobre las farmacéuticas para que compartan la tecnología que fue desarrollada, en gran parte, con financiación pública.
Los Gobiernos del G7 deben trabajar urgentemente con otros gobiernos para utilizar todas las opciones políticas disponibles para facilitar y ordenar la transferencia transparente, incondicional, aplicable y completa de las tecnologías de las herramientas médicas de la COVID-19, en particular de las vacunas, por parte de las empresas de sus países hacia los fabricantes de todas las regiones del mundo, y especialmente de los países de ingresos bajos y medios, con el fin de garantizar el acceso para todos, en todas partes. Es hora de cambiar, no de hacer caridad.
Es lamentable que más de la mitad de los líderes del G7 siga ignorando las demandas de los países de ingresos bajos y medios para ser autosuficientes en la producción y el suministro de medicamentos, vacunas y diagnósticos necesarios para hacer frente a la pandemia. En lugar de ello, siguen bloqueando decisiones críticas en los foros multilaterales para levantar los monopolios corporativos en la pandemia para facilitar la producción global y la diversificación del suministro, como la propuesta de exención temporal de la propiedad intelectual COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio. Los líderes del G7 deben actuar de forma solidaria y apoyar las medidas necesarias para garantizar que cada país disponga de las herramientas suficientes para salvar el mayor número posible de vidas en esta pandemia«.
