Desde Médicos Sin Fronteras (MSF) reclamamos a los países que primen la solidaridad y construyan un consenso en torno a la propuesta histórica de India y Sudáfrica de renunciar a cierta propiedad intelectual durante la pandemia de COVID-19. Este llamamiento se produce en un contexto de pandemia marcado por el aumento de los casos de COVID-19 en todo el mundo y un día antes de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tendrá lugar el 16 y 17 de diciembre en la que el Consejo General de la OMC analizará un informe sobre la propuesta.
Si se adoptara la propuesta de exención de propiedad intelectual permitiría a los países optar por no otorgar, hacer cumplir ni aplicar patentes y otras exclusividades que podrían impedir la producción y suministro de herramientas médicas COVID-19, y facilitaría una mayor y más rápida colaboración para el desarrollo, producción y suministro de productos COVID-19 sin estar restringidos por intereses corporativos.
«Los gobiernos no pueden ni deben desperdiciar esta oportunidad histórica. No podemos repetir las dolorosas lecciones de los primeros años de la respuesta a la pandemia del VIH/sida», recuerda Yuan Qiong Hu, coordinador de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF.
«Esta propuesta brindaría a los países más herramientas para abordar las barreras legales para extender la producción y el suministro de productos médicos necesarios para el tratamiento y la prevención del COVID-19″.
Incluso en medio de una pandemia mundial tan virulenta, las corporaciones farmacéuticas mantienen su enfoque habitual, como si no pasara nada, centrado en maximizar las ganancias. Los últimos meses han revelado varios casos e indicios que muestran cómo la propiedad intelectual ha obstaculizado, o plantea serias amenazas de que lo hará, la fabricación y el suministro de diagnósticos, equipos médicos, tratamientos y vacunas necesarios para responder a esta pandemia. Así, Sudáfrica enfrentó obstáculos para acceder a reactivos esenciales para las pruebas de diagnóstico de COVID-19 debido a la protección patentada en las máquinas de análisis y en los propios reactivos químicas. En Italia, por ejemplo, titulares de patentes amenazaron a productores de válvulas de ventilador impresas en 3D con demandas por infracción de patentes.
«Depender de la buena voluntad empresarial o de la caridad en forma de donaciones no es una solución en una pandemia global», afirma Felipe de Carvalho, coordinador de la Campaña de Acceso de MSF en Brasil.
“Una y otra vez somos testigos en nuestro trabajo de los esfuerzos que la industria farmacéutica realiza para proteger sus patentes y ganancias, a pesar del inmenso coste humano. No podemos permitir que los medicamentos, las pruebas y las vacunas desarrollados para combatir el COVID-19 se conviertan en un lujo para unos pocos; deben ser accesibles para todos y en todas partes. Para ello, renunciar a las patentes y la propiedad intelectual es un paso fundamental».
La industria farmacéutica y otros actores que se oponen a la suspensión temporal de las patentes están realizando afirmaciones que inducen a error en el sentido de que la propiedad intelectual ha permitido el avance de los medicamentos y vacunas COVID-19. En realidad, han sido los recursos del sector público y la financiación filantrópica los principales impulsores de los esfuerzos de investigación sin precedentes, a través de la inversión de miles de millones de euros para apoyar la I+D de herramientas médicas COVID-19. Además, los gobiernos, los trabajadores de la salud, los pacientes, los supervivientes y la ciudadanía en general han contribuido enormemente a los ensayos clínicos y otras actividades de I + D sobre diferentes terapias y vacunas. Sin embargo, muchas de las farmacéuticas se afanan por comercializar y monopolizar los avances científicos que se originan en los laboratorios públicos con financiación pública en todo el mundo.
“Defender la protección del monopolio es la antítesis del clamor actual para que los medicamentos y vacunas COVID-19 sean tratados como bienes públicos globales”, recalca Hu. «En estos tiempos sin precedentes, los gobiernos deben actuar juntos en interés de toda la humanidad».
Kenia, Eswatini (antes Suazilandia), Pakistán, Mozambique y Bolivia se han sumado oficialmente como copatrocinadores de la propuesta. Desde el comienzo de las discusiones en el Consejo los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en octubre, 100 países han acogido con satisfacción la propuesta o la han apoyado plenamente. Sin embargo, un pequeño grupo de estados miembro de la OMC (Australia, Brasil, Canadá, la Unión Europea, Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos) están denegando el apoyo que ayudaría a construir un consenso sobre la propuesta. Algunos de estos países han respaldado tradicionalmente los intereses de sus empresas farmacéuticas a través del sistema de propiedad intelectual basado en patentes y monopolios.
