Los últimos días han dejado uno de los episodios más trágicos en el Mediterráneo central en lo que va de año. Más de 100 personas han muerto en el mar en menos de 72 horas debido a cuatro naufragios.
Mientras seis barcos de búsqueda y rescate de diferentes ONG permanecen bloqueados en puerto por las autoridades italianas y europeas, los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Libia atendieron a tres supervivientes rescatadas por unos pescadores después de que ayer una embarcación de madera volcara y dejara a otras 20 personas muertas o desaparecidas en el agua.
“Basta ya de vacuos lamentos como respuesta a estas muertes”, dice la responsable de Asuntos Humanitarios de MSF, Hassiba Hadj Sahraoui. «La responsabilidad de estas muertes recae directamente en los estados miembros de la UE, como resultado específico e inevitable de sus criminales políticas de no asistencia y bloqueo de los barcos de rescate de las ONG».
«Que los gobiernos europeos o la Comisión Europea digan que están afligidos por esta terrible pérdida de vidas es, en el mejor de los casos, hipócrita», añade Hadj Sahraoui. “Deben dejar ya su doble discurso y admitir su responsabilidad: naufragios como estos son el resultado directo de su gestión de la migración”.
Casi 700 personas han muerto en su intento de escapar de Libia a través del Mediterráneo central durante 2020, y al menos 267 de estas muertes han sido reportadas desde que el Sea Watch 4 fue bloqueado por las autoridades italianas en el puerto de Palermo, el 19 de septiembre. Con seis barcos de diferentes ONG a los que se les impide reanudar las operaciones de búsqueda y rescate bajo el pretexto de garantizar una navegación segura, el barco de rescate Open Arms es ahora mismo el único buque civil capaz de operar.
En lugar de cumplir con sus obligaciones internacionales y marítimas de asistir a quienes se encuentran en peligro en el mar, los estados europeos han optado por diezmar aún más la capacidad de búsqueda y rescate. Participan en la farsa de dar la bienvenida o reconocer el valor del trabajo de las ONG para salvar vidas, mientras orquestan o respaldan su criminalización.
Mientras tanto, las intercepciones por parte de la Guardia Costera de Libia se han disparado en las últimas semanas, con casi 1.000 personas devueltas a este país entre el 3 y el 9 de noviembre; esto es indicativo del elevado número de personas que han intentado escapar de Libia en las últimas semanas.
“Las condiciones inhumanas dentro de los centros de detención en Libia han sido denunciadas una y otra vez”, señala William Hennequin, responsable de programas de MSF para Libia. “Pero la detención arbitraria es solo una pequeña parte del ciclo mortal de violencia en el que miles de personas vulnerables están atrapadas actualmente. Los líderes de los estados que promueven y apoyan esas intercepciones y devoluciones deberían ver el resultado de sus políticas por sí mismos”.
“La semana pasada, un menor eritreo de 15 años fue asesinado a tiros después de que hombres armados irrumpieran en un refugio en Trípoli”, añade Hennequin. «Los asesinatos, los secuestros, la violencia extrema, incluida la tortura para extorsionar a los cautivos y sus familiares, siguen siendo amenazas cotidianas que seguirán obligando a estas personas vulnerables a cruzar el mar para escapar de este abuso en ausencia de otras formas más seguras de hacerlo».
El miércoles, Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, declaró que estaban «comprometidos con salvar vidas en el mar en estrecha cooperación con todos los agentes operativos». Sin embargo, han evitado continuamente compartir información acerca de las embarcaciones en peligro con los barcos de rescate de las ONG, mientras que envían las ubicaciones a la Guardia Costera de Libia, para que las barcazas puedan ser atrapadas y devueltas a la fuerza a Libia.
Los estados europeos deben dejar de culpar de esta pérdida de vidas únicamente a la insensibilidad de los traficantes. En su lugar, deben aceptar que estas numerosas muertes son el resultado de sus decisiones políticas. La trata de personas debe combatirse, pero no a expensas de sus víctimas que, en lugar de recibir asistencia y protección que salvan vidas, quedan atrapadas y devueltas a un ciclo de abusos interminables. O simplemente ahogadas en el mar.