En este 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante, compartimos la situación que están viviendo los migrantes venezolanos en Colombia. En los últimos años, más de 1.6 millones de venezolanos cruzaron la frontera hacia Colombia huyendo de una profunda debacle política y económica que les impide acceder a los medios fundamentales de subsistencia. Esta cifra es apenas una aproximación a la dimensión real de la crisis migratoria, pues existen grandes niveles de sub-registro debido a la falta de acceso a documentación y a que entre el 25 y el 75 por ciento de las personas que cruzan las fronteras lo hacen por pasos irregulares donde no hay manera de contabilizarlas.
Lo que sí está claro es que los migrantes venezolanos en Colombia se enfrentan a una situación inédita en comparación con otros movimientos masivos de población en la historia reciente. La mayoría de ellos escapa de una situación angustiante en su país de origen, pero no llegan a un lugar seguro al otro lado de la frontera, particularmente cuando se asientan en las zonas periféricas del país. Allí se exponen ser reclutados en grupos armados o a trabajar en cultivos ilícitos y sufren discriminación, violencia sexual y prostitución forzada.
A diferencia de la mayoría de los países de la región, Colombia ha mantenido sus fronteras abiertas para recibir a la población venezolana, aun a pesar de que no cuenta con la experiencia ni los recursos para atenderla adecuadamente. Muchos migrantes duermen en las calles a su llegada; luego se instalan en barrios marginales improvisados o en casas abarrotadas. Las malas condiciones de vida y la falta de acceso al agua y al saneamiento tienen un impacto directo en la salud de estas personas.
© MSF/Esteban Montaño
Desde finales de 2018, Médicos Sin Fronteras ha establecido tres proyectos de atención en salud primaria y salud mental a migrantes venezolanos en los departamentos fronterizos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. Hasta noviembre de 2019, la organización ha realizado más de 50.000 consultas médicas que, aunque no representan la magnitud de la situación, sí sirven de base para evidenciar las enormes dificultades que enfrentan estas personas para acceder a la atención médica, alimentación adecuada, vivienda y protección.
En relación con el acceso a la salud, la respuesta que ofrece el sistema público a esta población es bastante limitada: solo atiende urgencias vitales, partos y vacunación. Sin embargo, las necesidades sobrepasan ampliamente esta oferta. Es el caso de los pacientes con enfermedades crónicas que requieren tratamientos continuos y cuya remisión a otros niveles de atención no está asegurada. Así mismo, no existen servicios de salud mental tanto farmacológico como no farmacológico para atender a las personas que los requieren.
Sobre el tema de la salud sexual y reproductiva existe una gran preocupación. La política conocida como Gag Rule o ley Mordaza no permite que los fondos provenientes de los Estados Unidos para atender a la población migrante venezolana se inviertan en actividades de planificación familiar, incluidos los servicios de anticoncepción, aborto seguro y el asesoramiento y la información a las mujeres sobre sus opciones reproductivas.
Esto es particularmente grave porque el 68% de los recursos totales destinados en 2019 para la crisis migratoria venezolana fueron financiados por Estados Unidos, lo que en la práctica se traduce en una barrera infranqueable para las organizaciones que prestan estos servicios que son altamente demandados por las mujeres migrantes venezolanas. En los proyectos de MSF en los departamentos fronterizos, por ejemplo, aproximadamente una de cada cinco consultas está relacionada con este tema.
En vista de lo anterior, es necesario hacer un llamado para lograr un mayor compromiso de parte de la comunidad internacional para atender esta crisis. Estamos frente a un éxodo de más de 4.7 millones de personas donde cerca de la tercera parte de esta población se ha asentado en un país que no tiene las condiciones para enfrentarlo de la manera adecuada. Es urgente dejar de minimizar el sufrimiento de los migrantes venezolanos y, en cambio, exigir una mayor financiación sin condiciones que permita una respuesta estable y coherente a esta situación.
