Tres días después del terrible bombardeo aéreo a civiles en el campo de desplazados de Rann, en el noreste de Nigeria, el número de muertos sigue en aumento.
Alrededor de 90 personas han fallecido a causa de las dos bombas lanzadas sobre la ciudad por un avión de las Fuerzas Aéreas nigerianas que rodeó dos veces la zona. La mayoría son mujeres y niños.
Y es que en el momento del ataque en Rann, localidad que alberga a miles de desplazados internos, tenía lugar una distribución de artículos de primera necesidad.
Más allá de lo que nuestros equipos han podido presenciar, informaciones consistentes de habitantes y líderes de la comunidad apuntan a que unas 170 personas podrían haber fallecido.
Un lugar desprotegido
“Esta cifra necesita ser confirmada. Las víctimas de este espeluznante ataque merecen una explicación, una información transparente sobre lo que sucedió y sobre las circunstancias en las que se realizó el ataque. Muchos de los sobrevivientes requerirán atenciones y cuidados a largo plazo”, afirma nuestro director general, Bruno Jochum.
“Los desplazados habían buscado seguridad en lo que pensaron que era un lugar protegido. Sin embargo, fueron bombardeados por los mismos que debían protegerlos”, sentencia.
La tragedia en Rann refleja de forma muy clara la terrible situación que se vive en el estado de Borno, donde personas extremadamente vulnerables siguen atrapadas en un ciclo de violencia diaria entre el Ejército nigeriano y Boko Haram.
Tres millones de desplazados
Durante los últimos años, esta violencia extrema ha provocado el desplazamiento de casi tres millones de personas que necesitan urgentemente ayuda y protección.
“La población sigue pagando el precio de un conflicto despiadado, en el que la guerra entre Boko Haram y el Ejército de Nigeria ignora, con frecuencia, la seguridad de los civiles”, añade Jochum.
“La población de Borno debería tener derecho a garantías de protección y asistencia. Todas las partes involucradas en el conflicto deben asegurar la seguridad de los civiles. En este sentido, urgimos al Gobierno de Nigeria a que asegure la protección de su gente”, concluye.
Empezamos a trabajar en Nigeria en 1971. Somos unas de las pocas organizaciones que todavía puede operar en áreas de difícil acceso en el país.
