Huyen de la violencia, la pobreza y el reclutamiento forzado. Dejan sus familias y hogares para, simplemente, salvar su vida. Pero el paso por México es, para dos de cada tres migrantes y refugiados centroamericanos, una travesía de abusos, violaciones y secuestros. Las deportaciones masivas y la falta de atención sanitaria y protección tampoco ayudan.
Cada año, más de 400.000 personas procedentes en su mayoría de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) atraviesan el territorio mexicano huyendo de la violencia, la pobreza y las amenazas que las pandillas y los grupos delictivos ejercen en su afán de controlar el territorio.
Hace más de tres años, en Médicos Sin Fronteras brindamos asistencia médico-humanitaria a migrantes y refugiados en su tránsito por México.
Nuestra coordinadora médica en México, Carla Denti, nos habla de la larga travesía de esta población en busca de una vida mejor, de la violencia a la que se ve expuesta durante el trayecto, y de las barreras de migrantes y refugiados para acceder a los servicios de salud en territorio mexicano. En 2014, antes del Plan Frontera Sur, Carla fue la responsable de las actividades médicas de nuestro proyecto en el terreno.
¿Cuáles son las principales razones del éxodo masivo de la población centroamericana?
La violencia generalizada -asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones, amenazas- y el reclutamiento forzado por parte de actores armados no estatales. Algunas ciudades y regiones de El Salvador y Honduras tienen las tasas más altas de homicidio del mundo. Esta situación empuja a una parte considerable de la población a dejar sus casas y seres queridos para salvar su vida. Según nuestros registros, el 16% de los pacientes de esta región (TNCA) explican que los ataques directos son la principal razón para huir de su país, mientras que un 41% lo hizo tras amenazas directas. Sin duda, la violencia es un factor determinante. Sumada a la pobreza, son razones que obligan a estas personas a migrar hacia México y Estados Unidos.
¿Qué representa el Plan Frontera Sur y cuál ha sido su impacto en esta población?
Desde que el gobierno mexicano implementó esta medida, la seguridad se ha endurecido y los controles se han multiplicado, obligando a los migrantes a elegir rutas más peligrosas. A pie, una travesía puede durar entre dos y siete días y en ella tienen que enfrentarse a grupos delictivos y todo tipo de violencia, incluyendo la sexual. Los migrantes están continuamente expuestos a robos, abusos, violaciones, secuestros y el riesgo de morir o desaparecer en manos de organizaciones criminales. Según una encuesta* que realizamos en 2015 en distintos puntos de la ruta migratoria, dos de cada tres migrantes y refugiados aseguraron haber sido objeto de alguna forma de violencia.
Además, se ha ampliado el esquema de deportaciones o ‘repatriaciones’. Las cifras oficiales de la Unidad de Política Migratoria son contundentes: en 2015, el 88% de la población migrante arrestada fue deportada. Las deportaciones sistemáticas -hoy por hoy continúan- de población centroamericana víctima de la violencia en su país de origen cuestiona el acceso a los mecanismos de protección que deberían estar garantizados en México para la población que huye de situaciones que atentan contra su vida.
¿Pueden los migrantes y refugiados acceder en México a los servicios de salud?
En México, toda víctima de la violencia tiene derecho a recibir atención médica y psicológica de calidad, independientemente de su origen y su situación migratoria, y con especial atención a supervivientes de alguna forma de violencia extrema. Desde 2015, esta población puede solicitar su registro temporal en el Seguro Popular mexicano. No obstante, todavía nos preocupa la falta de acceso a la salud para esta población, muchas veces debida al desconocimiento del personal sanitario sobre la obligación de brindar esta atención o a la falta de recursos. La mayoría de nuestros pacientes prefieren no solicitar atención médica por miedo por a ser deportados o denunciados. Para las mujeres víctimas de violencia sexual, la realidad es mucho más compleja: es crucial contar con acceso oportuno al tratamiento de anticoncepción de emergencia y a la profilaxis post-exposición. Esto puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Para el sistema sanitario mexicano, se trata de urgencias médicas pero, en la práctica, las mujeres centroamericanas se enfrentan a barreras dobles, incluido el estigma social.
En el caso de las víctimas de violencia extrema, la atención médica y psicológica debe ser prioritaria. En noviembre de 2015, abrimos un Centro de Atención Integral (CAI) compuesto por un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos y trabajadores sociales. El objetivo, acompañar a las víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en los procesos de rehabilitación física y psicológica.
¿Cómo es la atención que se brinda en este Centro de Atención Integral?
Aseguramos la integralidad con los servicios específicos de asesoría para la protección social y legal de cada paciente o grupo de pacientes, con el apoyo de la asociación ‘Scalabrinianas, Migrantes y Refugiados’ (SMR). Además, trabajamos con la red de albergues y espacios humanitarios para migrantes y refugiados del país para la detectar y la referir a las víctimas de violencia extrema.
¿Cuál es el perfil de estos pacientes y sus principales necesidades médicas y psicológicas?
Desde su nacimiento, el CAI ha atendido a 85 migrantes y refugiados. Uno de cada cuatro era mujer, y un 15% eran niños, niñas o adolescentes. La mitad de los pacientes tuvieron que referirse a servicios sanitarios de segundo o tercer nivel, destacando los casos de traumatismo severo y violencia sexual. Respecto de la atención a la salud mental, el 48% de los pacientes han tenido acceso a cuatro o más consultas psicológicas o, en algunos casos, de psiquiatría. En materia de salud mental, 9 de cada 10 migrantes encuestados declararon padecer síntomas asociados con la depresión o la ansiedad, lo que favorece su aislamiento y sufrimiento en solitario.
Reclamamos a las autoridades mexicanas la implementación efectiva de medidas de protección que tengan en cuenta la situación de violencia a la que esta población que huye de los países centroamericanos está expuesta en su tránsito por México. Esto incluye la suspensión sistemática de las deportaciones masivas que se realizan sin tener en cuenta ni la situación individual de la persona ni los riesgos de su devolución al país de origen. También es fundamental que la legislación se cumpla y que el acceso real a los servicios de salud sea efectivo, en especial para las víctimas de la violencia en tránsito.
