Hoy se cumple un año de uno de los momentos más negros en la historia de Médicos Sin Fronteras (MSF). El 3 de octubre de 2015, ataques aéreos de Estados Unidos acabaron con la vida de 42 personas y destruyeron el Hospital de Trauma de MSF en Kunduz, en Afganistán. Mientras que lamentamos la pérdida de nuestros compañeros y pacientes nos preguntamos: ¿se puede proporcionar todavía asistencia médica en primera línea? Solo en el último año, se han producido otros 77 ataques a instalaciones médicas gestionadas y apoyadas por MSF en Siria y Yemen. Los hospitales han sido arrastrados al campo de batalla y pacientes y personal han sido sacrificados en el proceso.
Fue la destrucción del Centro de Trauma de Kunduz y los devastadores ataques a las infraestructuras médicas en Siria y Yemen lo que dio lugar a la aprobación en mayo de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La resolución condena enérgicamente los ataques a instalaciones sanitarias y exige que todas las partes armadas implicadas en un conflicto cumplan íntegramente sus obligaciones con la ley internacional. Sin embargo, cinco meses después del bombardeo al hospital de Al Quds, en Alepo, volvimos a las salas del Consejo de Seguridad para condenar la hipocresía de los Estados, especialmente de los envueltos en las guerras de Siria y Yemen.
Mientras con una mano firman una resolución para proteger a las instalaciones médicas; con la otra se involucran o son cómplices de las actuales agresiones contra los trabajadores sanitarios y los pacientes en zonas de conflicto.
Lo único que queda en claro es que con cada nuevo ataque a un centro sanitario se agranda la brecha entre la retórica de los gobiernos acerca del respeto al Derecho Internacional Humanitario y la forma en la que realmente llevan a cabo las guerras. Ningún gobierno ha reconocido que haya bombardeado hospitales intencionadamente pero estos continúan siendo golpeados. A menudo, estos ataques se producen en el marco de una ‘guerra contra el terror’ cada vez más amplia, una etiqueta que, con creciente frecuencia, usan hoy todas las coaliciones militares que intervienen en la guerra siria. Los ataques se despachan como ‘errores’ trágicos, se niegan de plano o se usan como arma arrojadiza en un juego donde los Estados se señalan desesperadamente los unos a los otros mientras que, al mismo tiempo, reivindican que sus bombas son las más inteligentes y sus ataques aéreos los más ‘humanitarios’.
No ha habido ni una sola investigación imparcial a cargo de un organismo internacional independiente sobre los ataques a hospitales ocurridos el último año.
Y el motivo hay que buscarlo en la inexistente voluntad política entre los gobiernos para que su conducta militar sea examinada desde fuera. En el caso de Kunduz, Estados Unidos llevó a cabo una investigación militar interna que resultó en un informe, profusamente editado, publicado en abril. Es más de lo que hemos recibido de cualquier otra fuerza militar involucrada en el bombardeo de un centro de MSF.
Esta investigación nos ha permitido tener un conocimiento más profundo de los hechos ocurridos en Kunduz durante la noche del ataque a nuestro hospital. Y de hecho, uno de los aspectos que hemos aprendido del informe norteamericano resulta sumamente preocupante.
Las tropas terrestres desplegadas en Kunduz asumieron la falsedad de que “todos los civiles habían huido y sólo quedaban talibanes en la ciudad”. No realizaron esfuerzo alguno en averiguar si era cierto y no tomaron las precauciones necesarias para evitar bajas civiles. Se consideró hostil a toda la ciudad. Invocando la regla de ‘en defensa propia’, las fuerzas de Estados Unidos en Kunduz abrieron fuego de forma preventiva en una operación militar basada en la premisa ‘ataca primero, pregunta después’. Nadie en la cadena de mando consultó la lista de posiciones protegidas en las horas previas al ataque. El informe afirma que nuestro centro fue erróneamente identificado. 211 proyectiles disparados desde un AC-130 desataron el caos dentro de nuestro hospital sin que se confirmara ninguna amenaza.
MSF continúa trabajando con las más altas instancias de los Gobiernos de Estados Unidos y Afganistán para obtener garantías de que esto no volverá a suceder.
En el núcleo del derecho de la guerra se recoge que es responsabilidad de los militares distinguir entre objetivos de guerra y lugares civiles protegidos. Si no se realiza una distinción entre un civil y un combatiente, todo el mundo se convierte en potencial objetivo.
Durante más de 40 años, MSF ha negociado la protección de sus instalaciones médicas en conflictos alrededor de todo el mundo. Continuaremos tratando de convencer a las partes involucradas en los conflictos de la necesidad y obligación de respetar las infraestructuras sanitarias. Por ejemplo, aún hoy algunos funcionaros afganos tratan de justificar el ataque a nuestro centro con el falso argumento de que nuestro hospital estaba “lleno de talibanes”. No dejamos de preguntarnos si acaso seguir la ética médica de brindar tratamiento a cualquier persona que lo necesite, incluyendo a los heridos de todos los bandos, transforma nuestros hospitales en bases enemigas.
No podemos aceptar que se nos apunte y se nos convierta en objetivo por tratar a los enemigos heridos. Llevaremos nuestro mensaje a quienes combaten en todos los lugares en los que trabajamos. Continuaremos exigiendo a los más poderosos y sus aliados que transformen su oratoria en realidad. Seguiremos denunciando a quienes tratan de erosionar las leyes de la guerra.
Una guerra sin límites conduce a un campo de batalla sin médicos. No vamos a quedarnos en silencio y dejar que esto suceda.
