Cabo Delgado, la provincia más septentrional de Mozambique, sufre desde 2017 violentos ataques que han obligado a cientos de miles de personas a desplazarse internamente.
A partir de 2020, el conflicto se intensificó y alcanzó su punto álgido en marzo de 2021, cuando un ataque transformó a la concurrida ciudad de Palma, que fue sede de la explotación de gas licuado de la empresa Total, en una ciudad fantasma.
En los últimos meses, los ejércitos de Mozambique y de países aliados han lanzado ofensivas para recuperar el control de zonas y ciudades que ahora se preparan para que regrese la población que las abandonó. Estas ofensivas han desperdigado a los grupos armados. Aunque la violencia está menos extendida, continúa habiendo ataques dispersos y frecuentes que generan la huida de la población. Lejos de terminar, la crisis humanitaria persiste y cientos de miles de personas desplazadas sobreviven en condiciones precarias.
El conflicto en Cabo Delgado es muy volátil y conviven personas que se desplazan en diferentes direcciones tanto para huir de la violencia como para regresar a sus hogares. Esto obliga a una respuesta humanitaria muy reactiva para garantizar que las personas reciban un mínimo de servicios sanitarios y humanitarios durante su huida, desplazamiento y retorno. Según Naciones Unidas, alrededor de 1,3 millones de personas necesitan urgentemente ayuda humanitaria y protección.
La ayuda humanitaria se concentra en puntos más estables del sur de la provincia, cerca de la capital, Pemba. Sin embargo, en amplias zonas del norte apenas hay organizaciones de ayuda. En muchas zonas de la franja costera y del noreste de la provincia, el sistema sanitario se ha visto gravemente afectado por el conflicto.
Más de un año escondidos en el bosque
Hay personas que llevan meses, algunas incluso más de un año, viviendo en el monte en zonas selváticas densas e inhóspitas. “Llegan en un estado deplorable, solo han comido lo que han podido encontrar en el camino: plantas, verduras, algunos animales que han cazado. Suelen ser personas mayores y presentan desnutrición y anemia. Si padecen enfermedades crónicas como la tuberculosis o el VIH/sida, muy prevalente en Mozambique, se encuentran en mal estado porque han tenido que interrumpir el tratamiento. También vemos muchos problemas respiratorios e hipertensión”, añade Milanesio.
Selemane Salimo, de 58 años, de Mocímboa, ha pasado escondido en el bosque junto a otras 70 personas un año y tres meses: «La vida en el bosque no era vida, era sufrimiento. Lo único que comíamos era yuca seca y hojas de yuca. Nuestra gran preocupación era ser descubiertos y asesinados”.
Casi todas las familias han experimentado un trauma durante este conflicto. Han presenciado o sufrido violencia o han perdido sus hogares. Algunas también han perdido el contacto con sus familiares.
«La vida en el bosque no era vida, era sufrimiento», Selemane Salimo, de 58 años, Mocímboa.
Samuel Alberto, de 32 años, originario de Quissanga, no sabe dónde está su mujer: “La violencia alcanzó mi zona en enero de 2020. Algunas casas fueron incendiadas y nos escondimos en el bosque un tiempo. Cuando las cosas se calmaron volvimos a casa, pero en septiembre regresaron los hombres armados. Mi esposa, que estaba embarazada de 8 meses, fue secuestrada y desde entonces no he sabido nada de ella”.
A medida que se acerca la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones y el riesgo de ciclones plantean retos adicionales tanto para la población desplazada como para las comunidades de acogida, lo que puede agravar su vulnerabilidad y las necesidades humanitarias actuales. La prevención es crucial para evitar brotes de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y la malaria, que pueden alcanzar su punto álgido durante este periodo.
