“El cierre planificado de los campamentos en junio de 2022 debería ser una oportunidad para acelerar el proceso de búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas,” asevera Dana Krause, nuestra directora en Kenia. “En la actualidad, la mayoría de las personas refugiadas somalíes en Dadaab –muchas de las cuales han estado atrapadas en los campamentos por tres décadas– se enfrentan a una asistencia humanitaria cada vez menor y opciones limitadas para llevar una vida segura y digna”.
En un nuevo reporte que acabamos de publicar, pedimos a Kenia y a sus socios internacionales que cumplan los compromisos asumidos en el Pacto Mundial sobre Refugiados en 2018 al permitir que las personas refugiadas somalíes se integren a la sociedad de Kenia o sean reasentadas en el extranjero.
El reporte revela que el número de personas refugiadas que regresan voluntariamente de Kenia a Somalia ha disminuido drásticamente en los últimos tres años – de más de 7.500 en 2018 a menos de 200 en 2020 –, de acuerdo con el ACNUR – coincidiendo con el aumento de la violencia, el desplazamiento y la sequía en Somalia. Mientras tanto, las ofertas de reasentamiento de los países ricos se han agotado en gran medida, dejando a los refugiados con pocas opciones más que quedarse en Kenia, donde tienen derechos limitados. En la actualidad, a las personas refugiadas en Dadaab se les prohíbe trabajar, viajar o estudiar fuera de los campamentos.
La reciente promulgación de la ley de refugiados en Kenia podría brindar la oportunidad de una mayor integración de las personas refugiadas dentro de Kenia, pero esto depende de que se implemente de manera amplia para incluir a todas las personas refugiadas, incluyendo a somalíes.
“Kenia ahora tiene una opción simple: dejar que los refugiados caigan aún más en la precariedad o defender sus derechos ofreciéndoles la oportunidad de estudiar, trabajar y moverse libremente,” dice Krause. “Los países donantes deben compartir la responsabilidad aumentando la asistencia para el desarrollo a Kenia para que pueda garantizar que las personas refugiadas tengan acceso a los servicios públicos”.
El plan de cerrar los campamentos ya ha hecho que la asistencia humanitaria se desplome, y el Programa Mundial de Alimentos advirtió en septiembre que podría verse obligado a dejar de distribuir raciones de alimentos por completo a finales de este año si no llega más financiamiento.
“Lo que más tememos es que cerrar los campamentos sin ofrecer soluciones a las personas refugiadas podría resultar en un desastre humanitario,” dice Joroen Matthys, coordinador de nuestro proyecto en Dagahaley, uno de los tres campamentos que componen Dadaab. “Es vital que las personas refugiadas tengan acceso interrumpido a la asistencia humanitaria durante todo el proceso de cierre del campamento y hasta que tangan la certeza sobre su futuro y puedan volverse autosuficientes”.
“Incluso cuando los países ricos han ignorado los derechos de los refugiados, Kenia se ha mantenido generoso al acoger a cientos de miles de personas refugiadas por años,” dice Krause. “Al conmemorar el 70 aniversario de la Convención sobre Refugiados este año, Kenia debería aprovechar esta oportunidad para cambiar de rumbo y encontrar soluciones duraderas que tengan en el corazón los intereses de las personas refugiadas”.
