Tras la reciente divulgación de los preocupantes términos de un acuerdo alcanzado entre la empresa farmacéutica AstraZeneca y el organismo público de investigación Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) en Brasil, desde Médicos Sin Fronteras (MSF) llamamos a los gobiernos a exigir urgentemente a las corporaciones farmacéuticas que sean transparentes sobre todos los acuerdos de licencias de vacunas contra el COVID-19, así como en los costos y datos de los ensayos clínicos, especialmente considerando los miles de millones de dólares de dinero público de los contribuyentes que se han destinado al desarrollo de estas posibles vacunas.
Fiocruz dio un paso importante hacia una mayor transparencia al publicar en línea el acuerdo de licencia con AstraZeneca para producir al menos 100 millones de dosis de vacunas (AZD1222); aunque el acuerdo se publicó con ediciones, representa un paso que debería alentar a otros gobiernos a seguir su ejemplo y tomar medidas para lograr una mayor transparencia. Un acuerdo previo mostró que existen límites para los compromisos públicos ‘sin fines de lucro’ de AstraZeneca, y que la compañía se ha otorgado el poder de declarar la pandemia como terminada en julio de 2021. Esto quiere decir que, después de julio de 2021, AstraZeneca podría cobrar a los gobiernos y a otros compradores precios elevados por una vacuna que fue financiada en su totalidad por el público.
La licencia exclusiva original entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford aún no se ha hecho pública, y sus términos determinan en gran medida los términos de acuerdos posteriores de la farmacéutica con otros fabricantes de vacunas de todo el mundo. Las personas con conocimiento de la licencia AstraZeneca-Oxford han cuestionado el compromiso «sin fines de lucro» de AstraZeneca, diciendo que ésta puede cobrar hasta un 20% adicional a los costos asociados con la producción de la vacuna. Además del acuerdo con Fiocruz, tampoco se han revelado sublicencias con otros fabricantes en Sudáfrica, India y otros países. El escrutinio público de los términos de estos acuerdos es fundamental para garantizar un acceso equitativo y asequible a estas futuras vacunas que salvarán vidas.
Las corporaciones farmacéuticas tienen un historial muy deficiente de transparencia en todos los ámbitos, desde acuerdos de licencia y transferencias de tecnología, hasta costos de investigación y desarrollo (I + D) y datos de ensayos clínicos, y la poca información que se ha revelado sobre las promesas de una vacuna ‘sin fines de lucro’ de AstraZeneca debería ser una señal de advertencia para recordarnos que no se puede confiar en que la industria farmacéutica actúe en interés de la salud pública.
«Mientras no sepamos qué contienen estos acuerdos, la industria farmacéutica seguirá teniendo el poder de decidir quiénes tienen acceso, cuándo y a qué precio», aseveró Kate Elder, asesora de políticas sobre vacunas para la Campaña de Acceso de MSF.
“Sin una acción decisiva por parte de los gobiernos exigiendo más transparencia a las empresas, el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 está en peligro.»
«El público tiene derecho a saber qué contienen estos acuerdos: no hay lugar para los secretos durante una pandemia, hay demasiado en juego».
Los acuerdos sobre licencias alcanzados por varias compañías más que compiten por desarrollar vacunas contra el COVID-19 también permanecen en secreto, a pesar de niveles sin precedentes de financiación pública. Se han invertido más de US $12 mil millones en investigación y desarrollo (I + D), ensayos clínicos y fabricación de seis vacunas contra el COVID-19 que llevan la delantera, desarrolladas por AstraZeneca / la Universidad de Oxford (más de $ 1.7 mil millones) Johnson & Johnson / BiologicalE ($ 1.5 mil millones), Pfizer / BioNTech ($ 2.5 mil millones), GlaxoSmithKline / Sanofi Pasteur ($ 2.1 mil millones), Novavax / Serum Institute of India (casi $ 2 mil millones) y Moderna / Lonza ($ 2.48 mil millones). AstraZeneca ha llegado a afirmar varias veces que el desarrollo de la vacuna no tendrá implicaciones financieras para la empresa, ya que «se prevé que los gastos para hacer progresar la vacuna se compensen con fondos de gobiernos y organizaciones internacionales».
MSF también instó a los desarrolladores de vacunas contra el COVID-19 a revelar los costos y los datos de sus ensayos clínicos. Sin esta información es imposible que las personas, los proveedores de tratamiento y los gobiernos exijan precios asequibles y examinen datos críticos sobre su seguridad y eficacia. Dado que los costos de la I + D y fabricación se han compensado en gran parte, o en su totalidad en el caso de AstraZeneca y Moderna, con contribuciones públicas, el público merece ver un desglose transparente de estos costos y datos.
“A pesar de las reiteradas garantías de los Jefes de Estado de que cualquier vacuna contra el COVID-19 será un bien público mundial, y a pesar de las afirmaciones de que estamos viendo a la industria en su mejor momento, la realidad es que hasta ahora está claro que no se puede confiar en que la industria farmacéutica actúe en interés de la salud pública, incluso en estos tiempos sin precedentes”, dijo Roz Scourse, asesora de políticas de la campaña de Acceso de MSF.
“Incluso con miles de millones de dólares de dinero público de los contribuyentes que están pagando por estas vacunas, y a pesar de haber miles de millones de vidas en juego, seguimos siendo dejados en la oscuridad mientras luchamos por determinar información crítica como el precio y la oferta de cualquier futura vacuna contra el COVID-19 vacunas y lo que esto significa para un acceso equitativo para las personas».
Los gobiernos deben ser audaces en esta coyuntura crítica para la salud de miles de millones de personas, deben asumir la responsabilidad de los miles de millones de dólares públicos que han entregado para el desarrollo de estas vacunas y exigir que las corporaciones farmacéuticas hagan públicas con urgencia todas las licencias, acuerdos, costos de ensayos clínicos y datos relacionados con las vacunas contra el COVID-19.
