El domingo 26 de agosto, Trípoli fue escenario del estallido de combates entre grupos armados rivales. El intenso lanzamiento de proyectiles en áreas residenciales ha provocado un número de víctimas todavía por determinar. Los enfrentamientos han puesto en peligro las vidas de unos 8.000 refugiados, solicitantes de asilo y migrantes que se encuentran atrapados y retenidos arbitrariamente en centros de detención en toda la ciudad. Tras el comienzo de las hostilidades, algunas de estas personas quedaron atrapadas durante más de 48 horas, sin acceso a alimentos, en una zona afectada por los enfrentamientos. A otras personas que sí fueron liberadas no les quedó otra opción que buscar refugio en barrios cercanos, donde corrían el riesgo de quedar atrapados en medio del fuego cruzado.
«Los recientes enfrentamientos demuestran que Libia no es un lugar seguro para migrantes, refugiados y solicitantes de asilo», afirma Ibrahim Younis, coordinador general de MSF en Libia. «Muchos han huido de países devastados por la guerra o han pasado meses en condiciones terribles en manos de traficantes de personas antes de ser recluidos en estos centros de detención. Estas personas, que ya se encuentran en una situación extremadamente vulnerable, ahora se ven atrapadas en otro conflicto del que no pueden escapar. No deberían ser confinados simplemente porque estaban buscando seguridad o una vida mejor. Deben ser liberados inmediatamente y evacuados a un país donde estén a salvo».
Desde que estallaron los combates, las necesidades humanitarias dentro y fuera de los centros de detención, ya en niveles alarmantes, han aumentado. Nuestros equipos están llevando a cabo las primeras consultas médicas desde que comenzaron los enfrentamientos y están suministrando alimentos, agua y suplementos nutricionales a algunas de las personas que aún se encuentran en los centros de detención. No obstante, MSF y otros actores humanitarios tienen acceso muy limitado a otras personas que también requieren asistencia. La población de Trípoli y sus alrededores también se ha visto afectada por los enfrentamientos y carece de acceso a una atención médica adecuada.
Según ACNUR, casi la mitad de las personas recluidas en centros de detención son refugiados procedentes de zonas en conflicto, como Eritrea, Etiopía, Somalia y Sudán. Si bien estas personas tienen derecho a la protección en virtud del derecho internacional, las autoridades libias, los Gobiernos de países seguros y Naciones Unidas no han establecido un mecanismo eficaz para procesar las solicitudes de asilo. Los países europeos incluso han establecido políticas que evitan que los solicitantes de asilo abandonen Libia.
Estas mismas políticas impiden que las personas crucen el Mediterráneo haciendo que los guardacostas libios, patrocinados por los estados europeos, devuelvan a las costas libias a todos aquellos que rescatan en el mar. La gran mayoría de quienes se encuentran actualmente en los centros de detención han sido interceptados en el Mediterráneo y devueltos a Libia. Esas políticas han deteriorado unas condiciones de vida ya de por sí precarias en los superpoblados centros de detención de Trípoli. En los últimos meses, la situación se ha deteriorado. El acceso limitado a agua potable, saneamiento y atención médica ha conducido a un incremento de las dolencias físicas y mentales.
Hacemos un llamamiento a los Gobiernos europeos para que reconozcan que Libia no es un lugar seguro. Pedimos que se incremente la ayuda a las personas atrapadas en el país magrebí y que se hagan todos los esfuerzos posibles para encontrar una salida segura y digna para ellos.
