Solicitamos al gobierno militar de facto de Myanmar y a otros grupos que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que las personas tengan un acceso seguro y sin restricciones a la atención médica, independientemente de dónde la busquen. De la misma forma, el personal médico debe poder dar atención médica para salvar vidas sin que los ataquen, detengan ni intimiden.
Mientras Myanmar se acerca a los cuatro meses del gobierno militar, los servicios de salud pública se mantienen suspendidos. Muchos hospitales y clínicas públicos están cerrados u ocupados por los militares, y los que están abiertos tienen los servicios limitados mientras el personal médico está en huelga. Médicos sin Fronteras (MSF) tiene pocas opciones para derivar a las personas a tratamientos especializados. Estos desafíos hacen que muchas personas tengan dificultades para acceder a la atención médica.
Si Myanmar se ve afectada por una nueva ola de infecciones de COVID-19, será un desastre de salud pública, ya que la capacidad del país de hacer pruebas, tratar y vacunar es una fracción de lo que era antes de que los militares tomaran el poder.
La inseguridad restringe el acceso a la atención médica
Por lo general, los pacientes deben elegir entre buscar tratamiento en un centro privado que tal vez no pueden pagar o en un hospital controlado por los militares, donde su seguridad podría estar en riesgo, en especial si participaron en protestas o en el movimiento de desobediencia civil.
Existen clínicas ONG en algunos lugares, pero no pueden cubrir todas las necesidades, y las autoridades militares restringieron sus actividades. Las fuerzas de seguridad impidieron que una clínica que apoyamos tratara a los protestantes. Visitaron el centro, ordenaron que quitaran las camas de emergencia e insistieron en que se trasladara a todas las personas heridas a los hospitales militares o controlados por los militares. La policía también arrestó a uno de sus voluntarios por participar en protestas, y exigió nombres y direcciones de personas que trabajaban allí. Obligaron al centro a cerrar temporalmente y ahora apenas funciona, operado con personal mínimo.
Los pacientes de Myanmar están obligados a viajar más lejos para recibir atención en una época en la que los riesgos son mucho mayores. Las fuerzas de seguridad de los puestos de control escudriñan a quienes viajan, revisan sus pertenencias, los intimidan y contribuyen a un clima de miedo. En el caso de los pacientes con condiciones que requieren una atención médica regular y a largo plazo, como el VIH, la tuberculosis y la hepatitis C, la inseguridad constante y las demoras para acceder a la medicación pueden ser mortales.
“Lo que preocupa a los pacientes ahora es saber si pueden acceder a la clínica para recibir su medicación”, dijo un médico de MSF en el estado de Kachin. “Si las fuerzas de seguridad de los puestos de control no dejan pasar a los pacientes, ¿qué puede hacer por ellos el personal médico?”
Ataques a los trabajadores de atención médica
El personal médico y de enfermería sigue siendo víctima de la violencia. Quienes trabajan en centros médicos que cuentan con nuestro apoyo compartieron informes sobre arrestos y detenciones del personal médico.
Ha habido 179 ataques al personal y los centros médicos desde el comienzo del golpe militar, y 13 personas murieron en estos ataques, según el sistema de vigilancia de ataques a la asistencia de salud (Surveillance System of Attacks on Healthcare) de la ONU.
Los informes periodísticos mostraron cómo les disparaban con balas reales a trabajadores médicos de emergencias y socorristas que estaban en las primeras filas de protestas pacíficas mientras trataban de ayudar a los heridos. Nuestros socios también presenciaron cómo atacaban a organizaciones que brindan primeros auxilios a los protestantes heridos y les destruían los suministros.
Las secuelas económicas amenazan la respuesta humanitaria
A medida que el sistema de salud pública de Myanmar se deteriora, su economía también colapsa. Cada vez es más difícil obtener dinero en efectivo, y las personas deben afrontar filas muy largas en los cajeros automáticos, a los que les reponen el dinero de forma esporádica. El kyat cayó un 17 por ciento frente al dólar, lo que hizo que se elevara el costo de las importaciones y los bienes como el aceite de cocina, el arroz y el combustible.
Las agencias humanitarias no son inmunes a esta crisis de liquidez. Afrontar déficits de dinero e incrementos de costos puede impedir que las organizaciones, incluida MSF, compren suministros y medicamentos, le paguen el salario al personal y transporten los bienes.
Ya estamos viendo el impacto de esto en nuestro programa contra el VIH en el estado de Kachin. Antes del 1 de febrero, hemos estado transfiriendo gradualmente nuestra cohorte de pacientes con VIH al programa nacional contra el SIDA del gobierno. Sin embargo, estas clínicas ya no están abiertas, y hemos observado que unos 2000 pacientes vuelven a nuestros centros por consultas médicas y reposición de medicamentos, y se registran más de 200 pacientes nuevos con diagnóstico positivo de VIH.
En el estado de Rakáin, el agua y el saneamiento son un problema desde hace tiempo en los campos de refugiados rohingyas, donde dependen de la ayuda humanitaria para tener agua potable. Ahora que muchas organizaciones están reduciendo sus actividades mientras luchan por acceder al dinero en efectivo y hacer que los suministros lleguen a los campos, vemos un pico de personas que buscan tratamiento para la diarrea acuosa aguda.
El reinicio del conflicto exacerba la crisis humanitaria
Se estima que 60.000 personas en Myanmar fueron desplazadas dentro del país y otras 10.000 a naciones vecinas desde la toma del poder del 1 de febrero, según la información del ACNUR. Esto se debe, en gran medida, al resurgimiento del conflicto en las fronteras de Myanmar, en especial, en los estados de Chin, Kachin y Kayin, y principalmente entre los militares y los grupos étnicos armados, pero que también incluyen cada vez más a las fuerzas del pueblo en defensa de la democracia. Los ataques aéreos y bombardeos están obligando a las personas a huir de sus hogares y han provocado una cantidad desconocida de víctimas civiles.
Tuvimos que retirar a nuestro personal de una ciudad del estado de Kachin por el conflicto, lo que interrumpió temporalmente nuestros servicios, mientras el sonido de los bombardeos y los disparos se han vuelto corrientes en muchos lugares. Esto afecta nuestras actividades y el bienestar del personal, y genera preocupaciones considerables respecto de la capacidad de las personas de viajar para buscar atención médica.
Se debe proteger de la violencia al personal médico y las organizaciones humanitarias, y se les debe dar acceso irrestricto a las zonas de conflicto para garantizar que las personas en riesgo puedan acceder a una atención médica que salva vidas.
Tememos por el pueblo de Myanmar en esta crisis que empeora cada vez más. Se deben desmantelar todos los obstáculos que impiden que las personas enfermas y heridas busquen atención médica, lo que incluye la violencia, las detenciones y la intimidación de los trabajadores de atención médica.
