Desde Médicos Sin Fronteras (MSF) pedimos que se garantice urgentemente a las organizaciones humanitarias internacionales y los trabajadores internacionales de las mismas el poder acceder inmediatamente y sin trabas al estado de Rakhine, en Myanmar, donde las necesidades son masivas.
Nuestra petición de acceso urgente tiene lugar en medio de las operaciones militares que están en curso desde el pasado 25 de agosto en Rakhine, después de que el Ejército de Salvación Rohingya Arakan (ARSA) llevara a cabo una serie de ataques contra varias comisarías y contra una base militar de Myanmar. A modo de represalia, el ejército de Myanmar lanzó una ofensiva que ha provocado la huida de 400.000 rohingyas a Bangladesh en poco más de 20 días. Quienes han cruzado la frontera desde entonces viven ahora en condiciones extremadamente precarias y tienen un acceso muy limitado a atención médica, a agua potable, a letrinas y a alimentos.
Se estima que cientos de miles de personas permanecen aún en el norte de Rakhine y que carecen de cualquier tipo de asistencia humanitaria.
«Nuestros equipos en Bangladesh están escuchando decenas de testimonios en los que se detallan terribles actos de violencia contra los civiles que viven en el norte de Rakhine. Los informes indican que en el estado de Rakhine se ha producido un significativo desplazamiento interno de rohingyas y de otras minorías y grupos étnicos. Se han quemado aldeas y casas hasta los cimientos, incluyendo al menos dos de las cuatro clínicas que MSF tenía en la zona. Antes de que los proyectos de MSF en Rakhine tuvieran que ser suspendidos temporalmente a mediados de agosto por la denegación de visados y por la prohibición de poder contar con personal internacional, la organización médico humanitaria prestaba servicios de salud en los municipios de Maungdaw y Buthidaung, en el norte del estado. “Es muy probable que las personas que se han quedado allí no estén pudiendo acceder a la ayuda que seguramente necesiten», afirma Karline Kleijer, responsable de emergencias de MSF.
«Hay que llegar sin más demora hasta los heridos, enfermos y personas que sufren afecciones crónicas en el norte de Rakhine. Es urgente que se permita proporcionar ayuda humanitaria de emergencia a todos aquellos que la necesitan”.
En la parte central de Rakhine, aproximadamente 120.000 desplazados internos permanecen en campamentos y aldeas donde dependen totalmente de la asistencia humanitaria para su supervivencia, ya que sufren severas restricciones para desplazarse a otros lugares. MSF prestaba asistencia sanitaria a través de clínicas móviles en varios de estos emplazamientos, pero el personal internacional de la organización no ha recibido permisos para poder visitar las instalaciones médicas desde finales de agosto y el personal nacional, tras las declaraciones de varios funcionarios del Gobierno de Myanmar acusando a las ONG de ser cómplices del ARSA, han optado por no acudir a los centros de trabajo, ya que tienen miedo de sufrir represalias.
El Gobierno formuló y difundió acusaciones contra la ONU y las ONG internacionales, denegando a partir de ese momento los visados y permisos de trabajo necesarios. Esto, unido a comunicados y acciones amenazantes por parte de diversos grupos de línea dura, está impidiendo que los trabajadores humanitarios independientes proporcionen la asistencia necesaria.
Además, el Gobierno de Myanmar ha declarado el norte de Rakhine como zona militar, lo que ha dado lugar a restricciones administrativas y de acceso todavía más severas.
“El Gobierno de Myanmar dice querer asegurarse de que la respuesta humanitaria llegue únicamente a los afectados en Rakhine, una declaración de intenciones que despierta serias dudas y que hace temer que esa ayuda podría no llegar a los que más lo necesitan. Todo hace pensar que Myanmar está avanzando hacia un nuevo modus operandi con el que pretende que la ayuda humanitaria esté bajo el control exclusivo del Gobierno. Esto probablemente se traduciría en restricciones administrativas y de acceso todavía más severas que las actuales», explica Benoit De Gryse, responsable de operaciones de MSF para Myanmar.
«La única manera de garantizar que la ayuda se proporciona en base a las necesidades y de que sus receptores puedan confiar en quien la distribuye, es que esta sea proporcionada por actores humanitarios neutrales independientes».
“Estamos verdaderamente preocupados por la situación en la que se encuentran aquellos que permanecen en Rakhine. Cuando disponíamos de pleno acceso a nuestras clínicas proporcionábamos más de 11.000 consultas de atención primaria y de salud reproductiva por mes. También llevábamos a cabo la transferencia y el transporte a hospitales de quienes requerían de una atención médica urgente más especializada y de aquellos tenían que ser ingresados. Debido a la falta de acceso, todos estos servicios, al igual que los que prestaban otras organizaciones de ayuda, están actualmente suspendidos”, dice De Gryse.
«Para garantizar el acceso a la atención médica y poder prestar asistencia a las personas afectadas por el conflicto, MSF y otras organizaciones humanitarias internacionales deben tener acceso inmediato y sin trabas a todas las zonas del Estado de Rakhine. Sin esto, existe un riesgo muy real de que muchas personas mueran innecesariamente», concluye De Gryse.
MSF ha estado presente en Myanmar durante 25 años, trabajando con el Ministerio de Salud y Deportes para proporcionar asistencia a pacientes con VIH y tuberculosis, y brindar atención primaria de salud y vacunaciones.
