La coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (SELC, por sus siglas en inglés), apoyado por Estados Unidos (EEUU) y Reino Unido, designó un equipo para investigar incidentes como ataques a estructuras sanitarias, el Joint Incidents Assessment Team (JIAT, por sus siglas en inglés). Las últimas conclusiones de este equipo siguen sin rendir cuentas ni asumir responsabilidades ante las víctimas de bombardeos a instalaciones médicas protegidas en Yemen.
La resolución del JIAT, anunciadas en una rueda de prensa el pasado 23 de octubre, se refieren al impacto de un proyectil en el Hospital Shiara, apoyado por Médicos Sin Fronteras (MSF), el 10 de enero de 2016 en Razeh, norte de Yemen, donde murieron seis personas y otras ocho resultaron heridas.
En sus conclusiones, de las que no hay un informe escrito disponible, el JIAT atribuye el incidente a «un fallo del proyectil que condujo a un desvío de su objetivo». El JIAT recomienda ofrecer «asistencia voluntaria a las víctimas y daños materiales».
En la investigación propia que hicimos desde Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre este hecho en marzo de 2016, concluimos que no había una razón justificable o legítima para el ataque, ya que el hospital permanecía protegido de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, incluso en casos de error y negligencia.
La tesis defendida por el JIAT refleja el fracaso de las partes del conflicto yemení en tomar las medidas necesarias para garantizar que las instalaciones médicas protegidas no sean atacadas. Las conclusiones revelan además un deprimente patrón predecible en el que se resta toda responsabilidad a la coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (SELC) y se deja caer toda la responsabilidad en las propias víctimas del ataque o, como en este caso, en un mal funcionamiento del armamento.
En otra rueda de prensa celebrada en enero de este año, esta misma comisión investigadora (JIAT) intentó trasladar la responsabilidad del ataque de la coalición de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (SELC) en junio de 2018 a Médicos Sin Fronteras, acusando falsamente a nuestra organización de no tomar las medidas adecuadas para evitar ser atacada.
Ese ataque produjo la destrucción casi total de un centro de tratamiento de cólera puesto en marcha muy poco tiempo antes en Abs para una población de más de 1 millón de personas.
Son necesarias investigaciones independientes.
A pesar de los repetidos llamamientos de los actores humanitarios para que se realicen investigaciones fiables sobre estos incidentes, el JIAT ha errado constantemente a la hora de informar de manera rápida y transparente sobre sus hallazgos, dejando a las agencias humanitarias y a las víctimas individuales de los ataques de la coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (SELC) sin ningún recurso ante la justicia o sin rendirles cuentas. Su recomendación en este caso para la prestación de «asistencia voluntaria» es una promesa vaga e inadecuada que llega tres años tarde.
Los ataques que violan el Derecho Internacional Humanitario, como los que tienen como objetivo instalaciones médicas protegidas y lugares donde hay civiles (como el bombardeo de un autobús escolar en 2018 y el ataque a una prisión en Dhamar en 2019), son perpetrados rutinariamente con impunidad por todas las partes en el conflicto en Yemen, y resultan en heridas, muerte y desplazamiento para la población civil. Tales ataques no solo tienen consecuencias directas para quienes pierden la vida o resultan heridos: también impactan a la población al evitar que los actores humanitarios hagan su trabajo y, por lo tanto, reducen la disponibilidad de ayuda humanitaria urgente y vital, incluso cuando las necesidades van en aumento.
Los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (SELC) han alcanzado cinco veces a instalaciones de Médicos Sin Fronteras desde marzo de 2015. Con solo la mitad de las instalaciones de salud en Yemen completamente funcionales, más de 11 millones de personas con necesidades agudas y brotes de cólera y otras enfermedades fácilmente prevenibles, el acceso a las instalaciones médicas es crucial para la población civil.
MSF reitera una vez más la urgente necesidad de investigaciones independientes, realizadas de manera transparente y a tiempo y que den como resultado informes escritos y compartidos que ofrezcan una rendición de cuentas real y señalen a los verdaderos responsables.
MSF también hace un llamado a todas las partes en conflicto para que tomen urgentemente las medidas necesarias para respetar la neutralidad y la naturaleza protegida de la misión médica humanitaria, y para evitar dañar o destruir instalaciones médicas así como la pérdida de vidas de civiles.
