Los Gobiernos europeos continúan con su estrategia de criminalizar a las ONG de búsqueda y rescate y, para ello, manipulan las normas marítimas con el objetivo de impedir que los buques de salvamento puedan volver a las zonas de rescate.
Es el caso de nuestro actual barco, el Sea Watch 4 que, tras rescatar a 354 personas en su primera misión (entre el 22 y el 29 de agosto), no ha podido regresar al Mediterráneo central y permanece retenido bajo bloqueo administrativo en el puerto siciliano de Palermo, en Sicilia, desde hace un mes.
Es la quinta vez que una inspección en un puerto italiano impide que un barco de rescate de una ONG regrese a la zona donde se producen la mayoría de los naufragios.
El Sea Watch 4 permanece inmovilizado desde el 19 de septiembre. Las autoridades italianas retienen el barco por 22 aparentes «irregularidades», que incluyen salvar personas «sistemáticamente» y llevar demasiados chalecos salvavidas a bordo.
“Tanto el barco como la tripulación estuvieron aislados en las afueras de Palermo más de dos semanas. Todo la tripulación dio negativo por COVID-19 dos veces durante este periodo pero aun así se obligó al barco a permanecer anclado y se le negó un cambio de tripulación. Ahora es el quinto barco de rescate retenido en un puerto italiano en otros tantos meses”, recuerda Hannah Wallace Bowman, nuestra responsable de comunicación en el Sea Watch 4.
Desde Médicos Sin Fronteras (MSF) junto a Sea Watch, hemos colaborado en todo momento con las autoridades italianas. 17 de las 22 deficiencias detectadas durante la agotadora Supervisión por el Estado rector del puerto que se prolongó 11 horas han sido ya resueltas.
Sin embargo, parece que estas inspecciones solo tienen un objetivo: impedir de forma discriminatoria que las ONG rescaten personas en el mar. Así, los barcos de salvamento son tomados como rehenes de manera rutinaria argumentando estándares poco realistas, que a menudo exceden o son contrarios incluso a los criterios y estándares internacionales.
Algunas de las deficiencias técnicas observadas eran tan leves que normalmente no conducirían a la retención de un buque sino que se marcarían como faltas para ser corregidas en un plazo determinado. Otras, por el contrario, son casi imposibles de abordar, ya que se basan en una interpretación distorsionada, cuando no absurda, de las disposiciones del derecho marítimo.
Los controles de los buques por el estado del puerto son un mecanismo necesario para garantizar la seguridad de la navegación en el mar pero, en el caso de los barcos de rescate, lo que vemos son inspecciones utilizadas habitualmente de forma indebida por las autoridades europeas e italianas.
“Las autoridades italianas están manipulando y abusando de procedimientos marítimos legítimos. Las inspecciones de embarcaciones de ONG se están convirtiendo en una forma de bloquear los esfuerzos de búsqueda y rescate”, alerta nuestra portavoz.
Consecuencias trágicas
La erosión de la capacidad de búsqueda y rescate ya se está cobrando vidas en la frontera marítima más mortífera del mundo. Desde la paralización del Sea Watch 4, al menos 69 personas han muerto frente a las costas de Libia en dos naufragios confirmados.
A pesar de una reciente declaración del presidente de la Comisión Europea en el sentido de que “salvar vidas en el mar no es opcional”, en su nuevo Pacto sobre migración, la UE ha desaprovechado la oportunidad, una vez más, para establecer medidas concretas e inmediatas para coordinar y llevar a cabo operaciones de rescate y evitar la pérdida de vidas.
De nuevo, el «enfoque coordinado de la UE para la búsqueda y rescate» como es descrito en el Pacto, descarta por completo la responsabilidad de los Estados miembros en lo que respecta al rescate marítimo, mientras se esconde detrás de requisitos burocráticos supuestamente aplicables a las operaciones llevadas a cabo por “embarcaciones privadas».
“Europa está haciendo caso omiso de su deber legal y moral de salvar vidas, optando una vez más por imponer medidas administrativas abusivas a otro barco que salva vidas. El Sea Watch 4 debe ser liberado urgentemente para que pueda reanudar la búsqueda y el rescate en el Mediterráneo central. Porque nadie debería morir en el mar”, afirma Hannah.
Todo ello tiene lugar al mismo tiempo que Europa recluta a la Guardia Costera libia para que actúe como su guardia fronteriza, interceptando y devolviendo por la fuerza a Libia a las personas.
Libia no es un lugar seguro, como han confirmado repetidamente organismos internacionales y europeos, incluidas Naciones Unidas y la propia UE. En lo que llevamos de 2020, más de 9.000 personas han sido interceptadas y devueltas a Libia por la Guardia Costera del país, como parte de un acuerdo financiado y facilitado por la UE.
El pasado 8 de octubre, dos barcos de la Guardia costera fueron entregados de vuelta a Libia después de ser reparados con financiación de la UE y de Italia. Estos navíos se emplearán para capturar a personas en el mar y devolverlas a las mismas condiciones peligrosas e inhumanas de las que tratan de huir.
En los últimos meses, el número de personas detenidas en los centros de detención oficiales de la DCIM (siglas en inglés del Departamento de Combate de las Migraciones Ilegales) ha seguido creciendo hasta las 2.400 el 18 de septiembre, según ACNUR. Es probable que incluso más personas estén cautivas en otros lugares clandestinos a los que ni la ONU ni otras agencias humanitarias, incluso Médicos Sin Fronteras, tienen acceso.
